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Las deudas estructurales de la Corte Constitucional. Informe noviembre 2024

por Vivian | Nov 21, 2024 | Derrame Amazonía Abril 2020/ 28ENE, EJE 1 Derecho a la vida e integridad personal, EJE 10 Personas privadas de libertad, EJE 2 Derechos Colectivos, EJE 3 Derechos de las mujeres, EJE 4 Derecho al trabajo, EJE 7 Derecho a la protesta social, EJE 8 Acceso a la justicia, EJE 9 Naturaleza, Informe, Justicia Dulcepamba, Yasuní

Las denuncias de acoso y violencia en el ámbito laboral y académico deben ser debidamente tramitadas y no pueden ser usadas por la Universidad Andina Simón Bolívar para sancionar y silenciar a las víctimas perpetuando estereotipos de género

por Vivian | Oct 10, 2024 | Comunicados y pronunciamientos, EJE 1 Derecho a la vida e integridad personal, EJE 3 Derechos de las mujeres, EJE 4 Derecho al trabajo, EJE 8 Acceso a la justicia

Boletín | Se declara fallida la audiencia a costa del abogado de la empresa Furukawa

Boletín | Se declara fallida la audiencia a costa del abogado de la empresa Furukawa

por Elsa | Nov 15, 2022 | Comunicados y pronunciamientos, EJE 1 Derecho a la vida e integridad personal, EJE 4 Derecho al trabajo, EJE 8 Acceso a la justicia

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  • Organizaciones de Derechos Humanos y personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en altísimo riesgo por la imposición de normativa inconstitucional e inconvencional, cercos mediáticos y amenazas a la independencia de la Corte Constitucional
  •  FUSIONES QUE VULNERAN DERECHOS
  • Las comunas kichwas afectadas por las operaciones petroleras en la Amazonía sufren otro gran derrame de hidrocarburos, el segundo en las últimas dos semanas
  • Más de 50 organizaciones sociales rechazamos el proyecto de ley «económico» propuesto por el presidente Noboa que pretende instaurar un terrorismo de Estado dejando intactas y blindadas las economías criminales
  • La Junta de Protección de Derechos debe actuar de forma inmediata para garantizar los derechos de los adolescentes internos en la Casa Hogar Enríquez Gallo cuya grave situación ha sido reconocida por el Estado ecuatoriano en los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y de la Asamblea Nacional

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